Montevideo, 16 may (PL) La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó el proyecto de ley enviado por el gobierno para la creación de un impuesto al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, se conoció hoy.
Tras una larga jornada de debate que finalizó pasadas las 23:00, hora local del martes, votaron a favor 49 de los 99 los legisladores presentes y la iniciativa tendrá que esperar ahora la próxima legislatura, luego de haber sido sancionada en el Senado.
La bancada oficialista del Frente Amplio (FA), mayoría en la Cámara baja, perdió el voto del diputado Darío Pérez, quien como había anunciado se opuso a la propuesta, al considerarla discriminatoria e inconstitucional, entre otros argumentos.
Este proyecto pretendía establecer tributos a las jubilaciones de militares más altas por un período transitorio de 18 meses y progresivo para los retirados con honorarios mensuales superiores a los 57 mil 750 pesos, poco más de mil 891 dólares al cambio actual.
Con la medida el Poder Ejecutivo reduciría en 550 millones de dólares (dato del pasado año), alrededor del uno por ciento del Producto Interno Bruto, el déficit del servicio de retiros y pensiones militares.
Según diputados del FA, de los casi 50 mil beneficiarios uniformados solo una quinta parte, entre los que se encuentran altos oficiales, generan casi el 70 por ciento de ese gasto.
También se expuso en los debates que la propuesta gubernamental abarcaría solo el 20 por ciento de los jubilados militares, con lo cual se podrían recaudar unos 75 millones de la divisa estadounidense.
Otros argumentos estuvieron referidos a que se trata de resolver 'una situación de absoluta inequidad' porque los oficiales se retiran con el ciento por ciento de sus salarios, con el grado inmediato superior y no tienen tope.
En ese sentido, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz manifestó que el Estado adjudica más de ocho mil dólares por año por cada pasivo militar, mientras que para la jubilación de ciudadanos corrientes se transfieren menos de dos mil.
La ley uruguaya establece en 47 años la edad de retiro de los militares y en 63 para cualquier otro sector.
En declaraciones a la prensa local el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, calificó la propuesta de razonable y posible y explicó que fue muy analizada en el ejecutivo y se puso a consulta de los comandantes militares.
Sobre el calificativo de inconstitucional otorgado por la oposición al proyecto, el funcionario subrayó que no existen dudas de su constitucionalidad y significó que resulta necesario para el país como forma de continuar con el proceso de integración social de los militares.
El ministro llamó a no mezclar el sentido del impuesto con el tema de la lucha por la verdad, memoria y justicia, aunque afirmó que se seguirá avanzando en esa dirección, pero 'sin mezclarse las dos cosas'.
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