La ministra de Desarrollo Social y otras autoridades de la cartera fueron denunciados ante la Justicia de Crimen Organizada por el abogado Diego Durand.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, fue denunciada penalmente junta otras jerarcas de la cartera por abuso de funciones, informó esta mañana el diario El País.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Especializado de Crimen Organizado por el abogado penalista Diego Durand, quien sostiene que la jerarca utilizó $800.000 en boletos para jóvenes estudiantes de Canelones, integrantes de una ONG, que no son funcionarios de la cartera.
“La ministra (Arismendi), la directora general del Ministerio de Desarrollo Social y demás autoridades responsables dispusieron el manejo de recursos y fondos del Estado, sin norma habilitante (que lo autorice)”, dice el documento de la denuncia a la que tuvo acceso el matutino.
El texto indica que la Justicia deberá valorar si la jerarca y las demás autoridades tuvieron una “conducta arbitraria” en el manejo de fondos de la cartera, ya que no había ninguna ley que respaldara su accionar, y observar o no dicha conducta en relación “al concurso de delitos”.
Durand entiende que “son muchos los que deberían tener acceso a boletos sin costos” pero siguiendo “criterios de igualdad y no de digitación sin ley”.
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La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, fue denunciada penalmente junta otras jerarcas de la cartera por abuso de funciones, informó esta mañana el diario El País.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Especializado de Crimen Organizado por el abogado penalista Diego Durand, quien sostiene que la jerarca utilizó $800.000 en boletos para jóvenes estudiantes de Canelones, integrantes de una ONG, que no son funcionarios de la cartera.
“La ministra (Arismendi), la directora general del Ministerio de Desarrollo Social y demás autoridades responsables dispusieron el manejo de recursos y fondos del Estado, sin norma habilitante (que lo autorice)”, dice el documento de la denuncia a la que tuvo acceso el matutino.
El texto indica que la Justicia deberá valorar si la jerarca y las demás autoridades tuvieron una “conducta arbitraria” en el manejo de fondos de la cartera, ya que no había ninguna ley que respaldara su accionar, y observar o no dicha conducta en relación “al concurso de delitos”.
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